Fuentes judiciales confirmaron a R2820 RADIO que, en la mañana de este martes, el juez de Garantías N°1- Dr. Tobías Podestá- rechazó la excusación del juez de Ejecución de Penas -Dr. Carlos Rossi- respecto a la situación del condenado por abuso sexual infantil, Gustavo Rivas. 

Cabe recordar que Rossi se excusó de tomar la definición sobre el futuro de Rivas argumentando que es pariente de una persona que lo denunció en la causa por abuso sexual. Podestá consideró que Rossi se excusó de manera incorrecta, señalando que dicho argumento no es motivo suficiente para no resolver sobre si Rivas deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario o en su domiclio particular.

En ese contexto, considerando que cuando dos jueces discuten la competencia debe definir un juez superior, la causa fue remetida a la Cámara de Casación para que resuelva de manera definitiva, si es Rossi o Podestá quienes resuelvan sobre el tema.

Mientras tanto, Rossi está a cargo de definir la situación de Rivas, no solo en relación a si cumple la pena de ocho años por abuso sexual en la cárcel o en la casa, sino a lo largo de toda su condena.

Vale remarcar que Rossi dispuso hace algunas semanas que los peritos médicos -psiquiatra y psicólogo- de Tribunales dictaminen sobre el estado de salud de Rivas para resolver donde cumplirá la condena.

Si bien la resolución última la tiene una instancia superior, el trámite va a continuar, hasta que se expida Casación. Fuentes judiciales confirmaron que aún no se le hicieron a Rivas las pericias solicitadas por Rossi en cuanto al estado de salud del abogado condenado por abuso sexual a menores. 

La causa

Fue la investigación del periodista Daniel Enz la que hizo que el ojo de la Justicia entrerriana se posara sobre la actividad ilícita de Rivas, quien ejecutó los actos que se le imputan a escasos metros de Tribunales. La publicación lo acusaba de haber corrompido y abusado a “más de dos mil adolescentes de entre 15 y 16 años, entre 1970 y más allá del 2010″ utilizando su poder, dinero y autoridad para someter a las víctimas con el objetivo de satisfacer su apetito sexual.

Pocas horas después, ocurría lo impensado, la policía ingresaba al domicilio de Rivas, encontrando un gran cúmulo de material de importancia para la investigación, catalogado, como si se tratara de una colección: notas, fotos y videos en los que participaban adolescentes de todas las épocas, abriendo paso a la imputación por la que a los pocos días buscó indagarlo la Fiscalía: “Corrupción y facilitación de la prostitución de menores de edad”. La Instrucción Penal Preparatoria (IPP) cerró con un saldo de ocho víctimas que llegaron a la instancia del juicio, que comenzó a principios de abril del 2019 y culminó a fines de mayo de ese año, con el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú que encontró a Rivas culpable de abuso sexual infantil en un solo caso –resolviendo la prescripción en los otros siete- y condenándolo a ocho años de prisión efectiva en un establecimiento carcelario.

El Ministerio Público Fiscal apeló la prescripción dictada en el fallo de los jueces Mauricio Derudi, Alicia Vivian y Arturo Dumón. Rivas apeló la culpabilidad. Tanto la Cámara de Casación como el STJER ratificaron la condena de origen por ese único hecho, a la vez que ordenaron que se constituyera otro tribunal para juzgar los siete casos que, señalaron, no solo no se encontraban prescriptos de acuerdo a los tratados internacionales a los que Argentina suscribe, sino que además, constituyen –junto con el caso ya juzgado– “graves atentados a los derechos humanos” según se establece en los fundamentos del máximo órgano judicial entrerriano.