Advierten que el nuevo recibo de jubilados dificulta controlar cómo se liquidan los haberes
La abogada previsionalista Griselda Ramírez de Carvó cuestionó el nuevo formato implementado desde septiembre y sostuvo que la unificación de los conceptos impide a jubilados y pensionados verificar la composición de sus haberes. También advirtió por los cambios en la movilidad y anticipó posibles reclamos judiciales.
El nuevo formato de los recibos de haberes de los jubilados y pensionados de Entre Ríos generó reclamos y consultas desde su implementación en septiembre. La abogada previsionalista Griselda Ramírez de Carvó cuestionó que la nueva modalidad reduzca el detalle de los conceptos liquidados y sostuvo que esto dificulta que los beneficiarios puedan controlar sus prestaciones.
En una entrevista radial, la profesional explicó que los recibos dejaron de presentar el desglose que tenían hasta agosto y que ahora aparecen principalmente dos códigos: el 5000, correspondiente al haber jubilatorio, y el 5001, denominado “movilidad”.
Ramírez de Carvó consideró que esta modificación impide conocer con precisión qué conceptos integran el haber y verificar si se mantienen los distintos rubros reconocidos a cada jubilado o pensionado.
Según explicó, la falta de desglose también dificulta determinar la incidencia de los aumentos y detectar eventuales errores, omisiones, absorciones o reducciones en las liquidaciones.
Reclamo ante la Defensoría del Pueblo
Frente a las consultas recibidas, la abogada señaló que comenzó a trabajar en una presentación para reclamar que se restablezca un mayor nivel de detalle en los recibos.
Para evitar que cada jubilado tenga que afrontar los costos de una acción individual, Ramírez de Carvó explicó que recurrió a representantes de las personas mayores de la Defensoría del Pueblo, con quienes acordó avanzar mediante una presentación colectiva.
La intención es solicitar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos que unifique y detalle nuevamente los conceptos que integran cada prestación, de modo que los beneficiarios puedan conocer, controlar y eventualmente impugnar la composición de sus haberes.
La presentación, según detalló, se realizaría por vía administrativa y establecería plazos para que se adopten las medidas correspondientes. Entre ellas, mencionó la necesidad de que los recibos vuelvan a detallar los códigos vinculados tanto con los pagos como con los descuentos.
Cuestionamientos a la nueva movilidad
La abogada también vinculó los cambios en los recibos con las modificaciones introducidas en el sistema de movilidad jubilatoria.
Según explicó, los jubilados ya no tendrían una movilidad vinculada directamente con el cargo o sector del trabajador activo que ocupó el beneficiario, sino que el mecanismo quedaría asociado al escalafón con mayor cantidad de aportantes al sistema previsional, que actualmente es el docente.
En ese esquema, la movilidad estaría determinada por los acuerdos paritarios docentes y, en caso de que no exista acuerdo, por lo que establezca el Poder Ejecutivo. Además, señaló que el pago se realizaría en simultáneo con el correspondiente al sector docente activo, en lugar del plazo de hasta 60 días que mencionó como vigente anteriormente.
Ramírez de Carvó sostuvo que este cambio implica la pérdida de la movilidad que históricamente vinculaba el haber del jubilado con el salario del trabajador activo correspondiente.
Preocupación en distintos sectores
Durante la entrevista, la profesional también mencionó situaciones particulares de jubilados de organismos como ATER y Vialidad Provincial, que cuentan con componentes específicos en sus prestaciones.
En el caso de ATER, señaló que existen adicionales vinculados a la recaudación tributaria y planteó que el nuevo recibo dificulta controlar cómo se están liquidando esos conceptos. También mencionó la preocupación de jubilados de otros sectores que, según afirmó, no pueden identificar con claridad qué rubros fueron incluidos en sus haberes.
Para la abogada, la modificación entra en contradicción con los principios de claridad, seguridad y control que deberían regir la información que reciben los beneficiarios previsionales.
Posibles reclamos judiciales
Ramírez de Carvó también advirtió que los cuestionamientos podrían extenderse al plano judicial, aunque aclaró que cada caso deberá ser analizado de manera particular.
En ese sentido, explicó que una vez producido un eventual perjuicio concreto, cada jubilado o pensionado deberá evaluar con un profesional qué vía corresponde utilizar, entre las alternativas que mencionó figuran una acción de inconstitucionalidad, un amparo u otras herramientas procesales.
La abogada puso como ejemplo una resolución vinculada con la fecha de cese de los trabajadores y su incidencia en la normativa aplicable. Según explicó, quienes tengan determinada la fecha de cese antes del 20 de octubre quedarían alcanzados por la Ley 8732, mientras que quienes tengan una fecha posterior quedarían bajo el nuevo régimen, identificado en la entrevista como Ley 11.130.
Ramírez de Carvó sostuvo que esa situación podría generar nuevos reclamos y remarcó la necesidad de analizar cada caso antes de definir la vía judicial correspondiente.
FUENTE: El Once
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