Gualeguaychú tiene más de 22 mil hectáreas en manos extranjeras: el debate que vuelve a mirar al territorio
Un relevamiento del Observatorio de Tierras contabiliza 22.460 hectáreas de propiedad extranjera en el departamento. El dato representa el 3% de la superficie y reabre una discusión que va más allá de la compra de campos: qué ocurre con los espacios naturales, productivos y turísticos cuando pasan al ámbito privado.
La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió a instalarse en la agenda nacional, pero en Gualeguaychú el debate tiene una dimensión propia. Según un relevamiento del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, 22.460 hectáreas del departamento se encuentran en manos de propietarios extranjeros.
La superficie representa aproximadamente el 3% del territorio departamental, una proporción que se encuentra por debajo del límite establecido por la legislación nacional. Sin embargo, el número adquiere otra dimensión cuando se lo observa desde la perspectiva local: detrás de cada hectárea aparecen interrogantes vinculados con el uso del suelo, los recursos naturales, la producción, el ambiente y el acceso a determinados lugares que históricamente formaron parte del patrimonio cotidiano de los habitantes.
El dato surgió en medio de una discusión nacional que llegó al Congreso a partir del proyecto de reforma de la normativa sobre propiedad privada y tierras. La iniciativa generó cuestionamientos de organizaciones sociales, ambientales y políticas, especialmente por los cambios que proponía sobre las restricciones para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
Finalmente, el capítulo referido a la extranjerización de tierras fue retirado del proyecto antes de su tratamiento en el Senado. Pero el debate que generó dejó expuesta una cuestión que excede la coyuntura legislativa: cuánto territorio argentino está actualmente en manos extranjeras y qué capacidad tiene el Estado para determinar qué puede hacerse en esos espacios.
Un fenómeno que no se distribuye de manera uniforme
Los datos oficiales citados en el relevamiento indican que alrededor del 5% de la superficie del país se encuentra en manos extranjeras, unas 13,2 millones de hectáreas.
La distribución no es homogénea. Existen zonas donde la presencia de capitales extranjeros adquiere una importancia mucho mayor debido a la ubicación de recursos considerados estratégicos, como cursos de agua, bosques, minerales, infraestructura energética, puertos y pasos fronterizos.
Entre Ríos presenta una situación diferente a la de algunas provincias del norte y cuyo. El relevamiento ubica la superficie extranjera en torno al 3,2% del territorio provincial, equivalente a unas 246.906 hectáreas.
Dentro de la provincia también existen diferencias. La Paz y Gualeguay, por ejemplo, presentan porcentajes superiores a los registrados en Gualeguaychú.
En el departamento Gualeguaychú, las 22.460 hectáreas relevadas representan el 3% de una superficie total de 739.287 hectáreas.
A primera vista, el porcentaje puede parecer reducido. Pero el debate cambia cuando la mirada deja de estar puesta exclusivamente en la cantidad de hectáreas y se concentra en dónde están ubicadas y qué características tienen esos territorios.
El problema no termina con quién tiene la escritura
La propiedad privada establece derechos sobre un inmueble, pero no significa que su titular pueda desarrollar cualquier actividad sin restricciones.
Ese punto resulta particularmente relevante para los municipios. Las administraciones locales no tienen competencia para impedir por sí mismas una compraventa entre particulares por el solo hecho de que el comprador sea extranjero. La regulación de la propiedad y de las condiciones para la adquisición de tierras corresponde principalmente al Estado nacional y, en determinados aspectos, a las provincias.
Pero existe otra herramienta: el ordenamiento territorial.
A través de las normas de uso del suelo, la zonificación, las áreas protegidas y las regulaciones ambientales, un municipio puede establecer qué actividades están permitidas y cuáles tienen restricciones.
En otras palabras, una persona o una empresa puede ser propietaria de un terreno, pero ese derecho no elimina las obligaciones ambientales, urbanísticas o territoriales que correspondan.
Y allí aparece una de las principales discusiones para una ciudad como Gualeguaychú, donde el río, los humedales, las áreas rurales y los espacios naturales tienen además un valor turístico y ambiental.
Un lugar que quedó del otro lado
Hay un ejemplo que forma parte de la memoria de varias generaciones de gualeguaychuenses: el denominado Salto de Méndez.
Durante décadas, el lugar fue uno de los sitios naturales que vecinos y visitantes podían recorrer para disfrutar de una pequeña cascada sobre el río Gualeguaychú. Su nombre quedó asociado a Méndez Casariego, propietario que permitía el ingreso de vecinos al lugar.
Con el paso del tiempo, la situación cambió.
Primero se incorporó una explotación turística con cobro de entrada y posteriormente el predio pasó a manos de un propietario de origen italiano. El acceso terrestre terminó restringiéndose y actualmente el lugar solo puede ser alcanzado navegando por el río.
El Salto de Méndez no constituye por sí solo una explicación del fenómeno de extranjerización de tierras ni permite establecer una relación directa entre propiedad extranjera y pérdida del acceso público. Pero sí funciona como un ejemplo concreto de una transformación que muchas veces queda fuera de las estadísticas: la modificación del vínculo que una comunidad mantiene con determinados espacios.
Para quienes conocieron el lugar antes de las restricciones, la transformación no se mide en hectáreas ni porcentajes. Se mide en la posibilidad —o imposibilidad— de volver a entrar.
¿Qué puede hacer Gualeguaychú?
El interrogante cobra importancia en una ciudad que busca ampliar su oferta turística y, al mismo tiempo, preservar sus recursos naturales.
La discusión no pasa solamente por determinar quién compra una propiedad. También obliga a preguntarse qué instrumentos tiene la ciudad para proteger determinados lugares por su importancia ambiental, paisajística, histórica o turística.
El ordenamiento territorial aparece entonces como una herramienta central. La definición de usos permitidos, las áreas de protección y las regulaciones ambientales pueden convertirse en mecanismos para evitar que determinados espacios queden sometidos exclusivamente a una lógica privada.
El desafío es encontrar un equilibrio entre el derecho de propiedad y el interés colectivo.
Porque una hectárea puede ser, al mismo tiempo, una unidad productiva, un ambiente natural, parte de una cuenca, un paisaje turístico o un espacio con valor para una comunidad.
Una discusión que recién comienza
El retiro del capítulo sobre extranjerización del proyecto nacional frenó, al menos por ahora, una modificación profunda del régimen vigente. La normativa actual establece un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, además de restricciones vinculadas con la nacionalidad, las zonas consideradas núcleo y determinados territorios estratégicos.
Pero el debate dejó una pregunta abierta que también interpela a Gualeguaychú.
¿Alcanza con saber quién es el dueño de una tierra o también es necesario discutir qué se puede hacer con ella?
En el departamento, más de 22 mil hectáreas tienen propietarios extranjeros. El porcentaje no ubica a Gualeguaychú entre los territorios con mayor extranjerización del país, pero el dato permite poner el foco sobre una cuestión más amplia: la relación entre propiedad privada, recursos naturales, desarrollo turístico y derecho de la comunidad a preservar y disfrutar determinados espacios.
El caso del Salto de Méndez permanece como una referencia concreta de esa tensión. Un lugar que durante años fue parte de las alternativas recreativas de los vecinos terminó convertido en un recuerdo para buena parte de quienes lo conocieron.
Y en una ciudad atravesada por dos ríos y con una fuerte identidad vinculada al ambiente y al turismo, la discusión no parece menor.
Porque el debate sobre la tierra no se reduce a cuántas hectáreas están en manos extranjeras. También obliga a preguntarse qué territorio quiere construir Gualeguaychú para las próximas generaciones y qué espacios está dispuesta a preservar como parte de su patrimonio común.
FUENTE: AHORA El Día
