La Justicia investiga un presunto plan para asesinar a un juez, un fiscal y al ministro de Seguridad, Roncaglia
La Justicia Federal analiza declaraciones que señalan como posibles objetivos al juez Leandro Ríos, al fiscal José Ignacio Candiotti y al ministro Néstor Roncaglia. El principal acusado es un interno de la Unidad Penal 9 procesado por narcotráfico.
La Justicia Federal de Gualeguaychú profundiza la investigación sobre un presunto plan destinado a asesinar a funcionarios judiciales que intervenían en una causa por narcotráfico y que, según nuevas declaraciones incorporadas al expediente, también habría incluido al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
El principal señalado en la causa es Leonardo Airaldi, detenido en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú y procesado en investigaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes. Una de esas causas, tramitada en la órbita federal de Entre Ríos, tenía previsto el inicio del juicio en los próximos días.
De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, los primeros objetivos del supuesto plan habrían sido el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y el fiscal federal José Ignacio Candiotti, quienes intervienen directamente en el proceso judicial en su contra. La hipótesis que analiza la Fiscalía sostiene que el propósito habría sido impedir o alterar el desarrollo del juicio, eliminando a los funcionarios responsables de llevar adelante el debate oral.
La investigación apunta a que el presunto plan incluía la contratación de un sicario para concretar los ataques mientras los funcionarios se encontraban fuera del país. Según los testimonios que dieron origen a la causa, se habría dispuesto una suma significativa de dinero para ejecutar los hechos, aunque los detalles sobre la operatoria y el grado de avance del supuesto acuerdo son materia de verificación judicial.
En las últimas horas, una nueva declaración amplió el alcance de la investigación al mencionar como posible objetivo al ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia. La eventual inclusión del funcionario en el presunto plan abrió una nueva línea de análisis dentro del expediente, orientada a establecer si existió una planificación concreta en ese sentido y cuáles habrían sido los motivos. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente precisiones sobre esa hipótesis.
Las actuaciones se originaron a partir de testimonios de internos alojados en la misma unidad penitenciaria que Airaldi. Esos relatos motivaron una serie de procedimientos dentro del penal, entre ellos allanamientos en pabellones específicos, donde fuerzas federales secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y documentación considerada relevante para la investigación.
El eje central de la causa está puesto en determinar la existencia real del plan, el nivel de organización alcanzado y si hubo pasos concretos tendientes a su ejecución. También se analiza la posible participación de terceros y la eventual existencia de redes de apoyo fuera del establecimiento carcelario.
En paralelo, la investigación incluye el análisis de presuntas irregularidades internas en el penal, a partir de señalamientos vinculados al grado de influencia que el acusado podría haber ejercido dentro de la unidad. Esos aspectos forman parte de actuaciones complementarias y podrían derivar en nuevas medidas judiciales.
Mientras tanto, el expediente continúa bajo reserva parcial debido a la sensibilidad institucional del caso. La prioridad de la Justicia Federal es esclarecer si existió un plan concreto contra funcionarios judiciales y autoridades provinciales, y establecer con precisión el alcance y la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
FUENTE: Justicia Federal / Análisis Digital
