Cruces, denuncias y dudas por honorarios ponen bajo tensión a la Fiscalía de Estado de Entre Ríos
El fiscal de Estado adjunto Pablo Giannini Álvarez permanece apartado de sus funciones mientras atraviesa un conflicto judicial y personal. En paralelo, surgieron cuestionamientos por el destino de honorarios vinculados a una causa en la que intervino como representante del Consejo General de Educación.
La Fiscalía de Estado de Entre Ríos atraviesa semanas de tensión interna a partir de una situación que involucra al fiscal de Estado adjunto Pablo Giannini Álvarez, quien permanece alejado de su despacho desde hace casi un mes mientras se desarrolla un proceso judicial derivado de un conflicto con su expareja.
El episodio adquirió una dimensión institucional luego de que comenzaran a circular audios y declaraciones públicas vinculados con el funcionario y con el supuesto cobro de honorarios profesionales correspondientes a una causa judicial en la que intervino como apoderado del Consejo General de Educación (CGE).
El caso que aparece mencionado en las acusaciones es el expediente denominado “Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos c/Municipalidad de Paraná y otros s/Ordinario”, un proceso que se extendió durante varios años en los tribunales y que habría generado una regulación de honorarios para los abogados intervinientes.
De acuerdo con el planteo que circula dentro de la Fiscalía de Estado, el punto de conflicto estaría relacionado con el destino que tuvieron esos honorarios. Según la normativa interna referida en la información, los honorarios regulados a los abogados del organismo se distribuyen en partes: una mitad corresponde a la Fiscalía de Estado y la otra se reparte entre el personal de la repartición.
La controversia se habría originado porque, según las acusaciones, una suma correspondiente a esos honorarios habría sido depositada en una cuenta bancaria particular de Giannini. La situación generó malestar entre trabajadores del organismo y abrió interrogantes respecto de si el procedimiento utilizado se ajustó a las reglas vigentes.
Hasta el momento, sin embargo, la existencia de una irregularidad o de un delito no aparece acreditada judicialmente en la información disponible y forma parte de un planteo que reclama una investigación específica para determinar qué ocurrió con esos fondos.
El conflicto personal que derivó en la exposición pública
La situación institucional quedó atravesada además por el conflicto matrimonial entre Giannini y Alina Pérez. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2025 y posteriormente inició un proceso de separación que derivó en una denuncia por violencia de género presentada por Pérez en mayo de 2026.
En ese contexto comenzaron a difundirse en redes sociales distintos intercambios privados de WhatsApp y declaraciones de la mujer, que incluyeron referencias al funcionario y a cuestiones vinculadas con su actividad profesional.
Pérez también realizó declaraciones en medios locales en las que cuestionó públicamente el supuesto manejo de los honorarios y reclamó que el organismo estatal investigue el caso.
La mujer sostuvo que no conoce con precisión cuánto dinero habría percibido Giannini ni cuándo se produjo eventualmente el cobro. No obstante, afirmó que el funcionario le había mencionado los honorarios y que incluso habría hablado de utilizar parte de esos recursos para afrontar gastos vinculados con el casamiento y la luna de miel.
Uno de los montos que comenzó a circular públicamente ronda los $100 millones, aunque la propia Pérez aclaró que no puede confirmar que esa haya sido la suma efectivamente percibida.
El reclamo apunta a una investigación interna
Las declaraciones de la expareja colocaron el foco sobre el funcionamiento interno de la Fiscalía de Estado y, particularmente, sobre la necesidad de determinar qué ocurrió con los honorarios regulados en la causa judicial.
Pérez reclamó públicamente que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se pronuncie y disponga una investigación para establecer si existieron irregularidades.
La mujer fue más allá y sostuvo que, en caso de comprobarse un delito, deberían determinarse responsabilidades administrativas y judiciales, además de exigir el eventual recupero de fondos públicos.
El planteo generó repercusión dentro de la propia Fiscalía, donde el tema de los honorarios ya había provocado malestar entre trabajadores del organismo.
Según surge de los testimonios difundidos, incluso habría existido un intercambio telefónico entre Giannini y familiares de empleados de la Fiscalía que le reclamaron explicaciones respecto del dinero vinculado con la causa.
Cuatro semanas alejado de su despacho
Mientras crece la repercusión del caso, Giannini permanece apartado de sus funciones habituales. El funcionario lleva casi cuatro semanas de vacaciones, en un contexto marcado por el conflicto personal, la denuncia por violencia de género y los cuestionamientos relacionados con su desempeño profesional.
La situación combina así dos planos diferentes: por un lado, un proceso de carácter personal y judicial que involucra al funcionario y a su expareja; por otro, una cuestión institucional que refiere al eventual destino de fondos derivados de honorarios profesionales.
La eventual existencia de responsabilidades deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes y con acceso a la documentación que permita establecer cuánto se reguló, quién recibió los fondos, bajo qué modalidad y si el procedimiento se ajustó a las normas que regulan el funcionamiento de la Fiscalía de Estado.
Por ahora, el episodio dejó instalado un interrogante dentro de uno de los organismos jurídicos centrales de la administración entrerriana: qué ocurrió con los honorarios de aquella causa y si el procedimiento utilizado para su percepción se ajustó a las reglas que rigen para los abogados que representan al Estado provincial.
La respuesta dependerá de las actuaciones administrativas y judiciales que eventualmente se impulsen y de la documentación que permita reconstruir el recorrido de esos fondos.
FUENTE: Entre Ríos Ahora
