Fijan para octubre la audiencia que abrirá el juicio contra Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito
El juez de Garantías Mariano Budasoff fijó para el 19 de octubre la audiencia de apertura de causa a juicio contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri, acusado de haber incrementado de manera desproporcionada su patrimonio durante los años en que se desempeñó como funcionario público. La Fiscalía solicitó una pena de 5 años y 6 meses de prisión.
El juez de Garantías Mariano Budasoff fijó para el próximo 19 de octubre, a las 9, la audiencia de apertura de causa a juicio en la investigación que tiene como imputado al exgobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito.
La audiencia se desarrollará en el Salón de Audiencias N° 1 de los Tribunales de Paraná y dará continuidad al proceso de remisión de la causa a juicio, una instancia que había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal en noviembre de 2023.
Según informó Entre Ríos Ahora, las audiencias destinadas a analizar la elevación de la causa a juicio comenzaron en marzo de este año y se extendieron durante abril. La tramitación incluyó jornadas los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, y 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril.
Ahora, el proceso tendrá una nueva instancia el 19 de octubre, con la apertura del juicio.
La acusación contra Urribarri
La investigación está centrada en el patrimonio del exmandatario durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, años durante los cuales Urribarri se desempeñó como gobernador y posteriormente como diputado provincial.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron la remisión de la causa a juicio y formularon para Urribarri un pedido de condena de 5 años y 6 meses de prisión.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, durante ese período el exgobernador habría incrementado su patrimonio de manera desproporcionada respecto de los ingresos que percibió como funcionario público.
La acusación sostiene que ese incremento habría alcanzado los $11.546.771,92, US$7.245.441,02 y 16.300 euros, según el informe pericial contable elaborado por Romina V. Stepanic Pouey y Cristián Dumé y la evidencia reunida durante la investigación.
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales sostuvieron que Urribarri se habría valido de Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez para disimular su patrimonio y gestionar fondos y bienes.
Cardona Herreros y el vínculo con el Estado provincial
Uno de los principales involucrados en la investigación es el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA, firma que fue contratista del Estado entrerriano durante las gestiones de Urribarri.
Para Cardona Herreros, la Fiscalía solicitó una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.
La investigación pone el foco, entre otros aspectos, en operaciones vinculadas con la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, durante los años en que Diego Valiero se desempeñó como ministro de Economía de la provincia.
Según la hipótesis fiscal, desde 2007 —cuando Urribarri era ministro de Gobierno durante la gestión del exgobernador Jorge Busti— y posteriormente durante sus dos períodos como gobernador, se habrían producido maniobras destinadas a favorecer a Relevamientos Catastrales en distintas contrataciones realizadas por el Estado provincial.
La imputación sostiene que Urribarri habría alcanzado acuerdos con Cardona Herreros y que, mediante funcionarios públicos, se habría aportado información anticipada y gestionado la contratación de la empresa en diferentes licitaciones relacionadas con la adquisición de software.
Siempre de acuerdo con la acusación fiscal, esas operaciones habrían incluido el cobro de sobreprecios que posteriormente habrían sido utilizados para el pago de sobornos a funcionarios.
El rol de Rubén Martínez
El tercer imputado en la investigación fue Rubén Ángel Martínez, para quien los fiscales habían solicitado una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
Sin embargo, Martínez no llegará al juicio oral. En mayo de 2024, el juez de Garantías Julián Vergara homologó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba —probation— por un plazo de tres años.
Según la acusación, Martínez habría adquirido en 2011 un vehículo a su nombre y posteriormente habría gestionado una tarjeta azul para que pudieran utilizarlo Mauro Urribarri, hijo del exgobernador, y Ana Lía Aguilera, esposa del exmandatario.
También se le atribuyó haber colaborado con el presunto enriquecimiento mediante el ingreso al país de obras de arte provenientes de Europa y destinadas a los Urribarri.
El origen de la investigación
La causa tuvo su origen en una investigación periodística publicada por la revista ANÁLISIS el 9 de noviembre de 2017, bajo el título “El amigo paraguayo”.
A partir de esa publicación se inició una investigación de oficio que posteriormente avanzó sobre el patrimonio del exgobernador y sus vínculos con empresarios que habían contratado con el Estado entrerriano.
La pesquisa busca determinar, entre otros aspectos, cómo se desarrollaron las operaciones y contrataciones realizadas durante los años en los que Urribarri ocupó distintos cargos públicos y si esas maniobras estuvieron vinculadas con el supuesto incremento patrimonial que la Fiscalía le atribuye.
Urribarri, con otras causas judiciales abiertas
La investigación por enriquecimiento ilícito no es la única causa de corrupción que involucra al exgobernador.
Urribarri fue condenado a 8 años de prisión en el denominado megajuicio, mientras que además enfrenta otra investigación vinculada a la denominada “causa Coimas”, en la que la Fiscalía solicitó una pena de 10 años de prisión.
La audiencia fijada para octubre marcará así un nuevo capítulo judicial para el exgobernador entrerriano, esta vez en una causa centrada específicamente en la evolución de su patrimonio durante los años en que ejerció funciones públicas.
La instancia será clave para determinar el avance de la acusación hacia el juicio oral y permitirá continuar con el proceso judicial iniciado a partir de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
FUENTE: Análisis Digital
