Gendarmería allanó la UP9 de Gualeguaychú y la casa de un agente por la causa Airaldi
El procedimiento se realizó en la Oficina de Tratamiento Correccional de la Granja Penal El Potrero. En simultáneo, la Justicia dispuso un allanamiento en el domicilio de un auxiliar que trabaja en esa dependencia. La investigación está vinculada con el uso de teléfonos celulares dentro del establecimiento penitenciario.
La Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú, conocida como Granja Penal El Potrero, fue escenario de un nuevo procedimiento judicial. Durante la jornada de este miércoles, efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron al establecimiento y allanaron la Oficina de Tratamiento Correccional, en el marco de la investigación vinculada con Leonardo Airaldi y la utilización de teléfonos celulares dentro de la cárcel.
De acuerdo con la información disponible, la medida se realizó por orden judicial y tuvo como complemento un allanamiento en el domicilio particular de un auxiliar que se desempeña en esa misma área de la unidad penitenciaria.
Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre los elementos buscados, la documentación requerida ni los resultados de ambos procedimientos.
Un área sensible bajo investigación
Uno de los aspectos relevantes del operativo es que no se limitó a un pabellón o a una celda, sino que se extendió a la Oficina de Tratamiento Correccional, un área de la estructura penitenciaria.
La realización de los dos allanamientos en simultáneo abre interrogantes sobre el objetivo de las medidas y sobre la posible relación entre la información que maneja esa dependencia y los dispositivos cuyo uso se investiga.
Según la información aportada, el área está a cargo del hijo del actual director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Germán Miotti. Ese vínculo, por sí solo, no implica responsabilidad ni constituye una imputación contra ninguno de los funcionarios mencionados.
Será la investigación judicial la que determine qué buscaban los investigadores, qué elementos fueron incorporados al expediente y si existen responsabilidades individuales.
El antecedente de los celulares secuestrados
El procedimiento tiene como antecedente otro operativo realizado en febrero de 2026 en la UP9, en el marco de la investigación federal relacionada con Airaldi.
En aquella oportunidad, durante un allanamiento en el establecimiento, se secuestraron dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono Samsung A04 que, según una declaración incorporada al expediente, habría sido utilizado por Airaldi. Posteriormente, también se dispuso el secuestro de otros teléfonos incautados durante una requisa.
De acuerdo con los antecedentes aportados, la Justicia rechazó planteos de la defensa que cuestionaban el secuestro y las pericias realizadas sobre los dispositivos.
La presencia de teléfonos celulares dentro de una cárcel constituye un elemento relevante para la investigación, tanto por las circunstancias en que ingresaron como por su eventual utilización. Sin embargo, determinar cómo llegaron al establecimiento y si hubo fallas de control o intervención de terceros requiere pruebas concretas.
Una investigación que excede la tenencia de un teléfono
El eje de las medidas podría abarcar distintas cuestiones: las circunstancias en que ingresaron los dispositivos, los controles realizados, las requisas y las eventuales responsabilidades funcionales. No obstante, hasta el momento no se conocen públicamente los objetivos específicos de los allanamientos de este miércoles.
La investigación vinculada con Airaldi ya había incluido procedimientos en la unidad penitenciaria y el secuestro de celulares, además de otros elementos mencionados en reconstrucciones periodísticas de la causa, como sustancias estupefacientes y anotaciones.
El caso también estuvo relacionado con una hipótesis sobre un presunto plan para atentar contra funcionarios judiciales y políticos de Entre Ríos, investigada por la Justicia Federal de Gualeguaychú.
A la espera de los resultados
La intervención de Gendarmería en la Oficina de Tratamiento Correccional y el allanamiento simultáneo en el domicilio de un trabajador de esa dependencia vuelven a poner bajo observación los mecanismos de control dentro de la UP9.
Por ahora, resta conocer qué documentación o elementos fueron secuestrados, qué buscaba establecer la Justicia y si las medidas derivarán en nuevas actuaciones o imputaciones.
Hasta que se conozcan los resultados, no corresponde atribuir responsabilidad a ningún agente o funcionario en particular. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades en los controles, omisiones o alguna otra circunstancia que explique la presencia y el uso de teléfonos celulares dentro del establecimiento penitenciario.
FUENTE: Máxima
