La Corte Suprema dejó firmes las condenas contra Urribarri, Báez y Aguilera
El máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por los tres condenados y también desestimó los planteos de otros cuatro involucrados. El Ministerio Público Fiscal pidió la detención inmediata de Urribarri, Báez y Aguilera, que deberán regresar a la Unidad Penal de Paraná.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves 3 de septiembre los recursos extraordinarios presentados por el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario, y dejó firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en la denominada Megacausa por delitos de corrupción.
La resolución, dictada en el expediente CSJ 2226/2024, también rechazó los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, por lo que la totalidad de las condenas vinculadas al megajuicio quedó firme.
A partir de esta decisión, el Ministerio Público Fiscal solicitó la “detención inmediata” de Urribarri, Báez y Aguilera, argumentando la existencia de un posible peligro de fuga. Según lo informado, el regreso a la Unidad Penal de Paraná podría concretarse este viernes.
Los tres volverían a la misma celda que ocupaban durante sus anteriores detenciones. Luego, la jueza de Ejecución Cecilia Bértora deberá resolver los planteos que eventualmente presenten las defensas, entre ellos posibles pedidos de prisión domiciliaria.
El fallo de la Corte consta de apenas un párrafo y declara inadmisibles los recursos que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos había concedido parcialmente en octubre de 2024, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Los tres ministros coincidieron en la decisión.
Las condenas
La sentencia original fue dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno.
Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Báez y Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de prisión.
Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull habían solicitado 12 años para el exgobernador y estimado el perjuicio ocasionado al Estado provincial en más de siete millones de dólares.
La Megacausa reunió tres expedientes: el vinculado con la pauta publicitaria oficial adjudicada a Global Means; la denominada causa de las imprentas, relacionada con Tep SRL y Next SRL; y el expediente conocido como “Sueño Entrerriano”, que incluyó distintas contrataciones y gastos que, según la acusación, estuvieron relacionados con la fallida candidatura presidencial de Urribarri.
El recorrido judicial se extendió durante varios años. La Cámara de Casación Penal confirmó las condenas en mayo de 2023 y, en abril de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó las quejas de las defensas.
En noviembre de 2024, a pedido de la Fiscalía, Casación había dispuesto las prisiones preventivas. Urribarri y Aguilera ingresaron a la Unidad Penal de Paraná el 22 de noviembre y permanecieron allí hasta el 8 de enero de 2025, cuando el STJ ordenó su libertad. Báez continuó bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica.
Otros procesos pendientes
La resolución de la Corte corresponde exclusivamente a la condena de la Megacausa y no alcanza a otros procesos judiciales que Urribarri y Báez todavía tienen pendientes, en los que no existe sentencia.
Entre ellos se encuentra la causa por enriquecimiento ilícito contra Urribarri, cuyo origen se remonta a una investigación publicada en 2015. Según la pericia contable del Ministerio Público Fiscal, entre 2008 y 2015 se habría registrado un incremento patrimonial que la acusación considera injustificado. El debate oral está previsto para el próximo año.
También continúa la causa denominada “Coimas”, vinculada con contratos de software para la administración provincial y en la que la Fiscalía solicitó diez años de prisión. El expediente ya fue elevado a juicio, aunque todavía no tiene fecha para el debate. Báez, por su parte, tiene pendiente la elevación a juicio de una causa por enriquecimiento ilícito, iniciada en 2016.
Aguilera también deberá enfrentar el juicio por la causa conocida como “Contratos truchos” de la Legislatura, en la que están acusadas 18 personas. Según la acusación fiscal, entre 2008 y 2018 se desviaron unos 53 millones de dólares mediante contratos de locación de obra con personas que no habrían prestado servicios al Estado. El expediente enumera 796 contratistas de papel.
La causa fue elevada a juicio en julio de 2026 y, de acuerdo con la acusación, Aguilera habría sido uno de los principales receptores del dinero durante parte del período investigado. Para el exfuncionario, la Fiscalía solicitó una pena de 16 años de prisión.
Urribarri no está imputado en ese expediente, aunque su nombre aparece mencionado en la acusación y fue ofrecido como testigo por una de las defensas. Su eventual imputación se analiza en el marco de una investigación posterior, denominada “Contratos II”, iniciada por el Ministerio Público Fiscal en noviembre de 2025 para determinar las responsabilidades políticas vinculadas con el desfalco.
Con el fallo de este jueves, Urribarri se convierte en el primer gobernador entrerriano condenado por corrupción con una sentencia firme en las cuatro instancias judiciales, según surge del expediente analizado.
FUENTE: Análisis Digital
