La Fiscalía ratificó el pedido de llevar a juicio a Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito
Los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull respondieron los planteos de las defensas del exgobernador y del empresario paraguayo Diego Cardona Herreros. Sostuvieron que los montos imputados coinciden con el informe contable y pidieron al juez Mariano Budasoff que rechace los cuestionamientos y habilite la etapa de juicio.
Los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull ratificaron el pedido de remisión a juicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputados al exgobernador entrerriano Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
Durante una nueva jornada de audiencias, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) respondieron a los planteos formulados por los defensores de ambos acusados y solicitaron al juez de Garantías N.º 3, Mariano Budasoff, que rechace los pedidos de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, los cuestionamientos al informe contable y los planteos vinculados con la calificación legal del delito.
La Fiscalía también defendió la validez de la pericia contable y sostuvo que las objeciones de las defensas deben discutirse en las instancias procesales correspondientes.
“No es real lo que se dijo ayer. La información que se dio fue parcializada. El defensor Cullen tomó sólo unos anexos para decir que los montos acusados ni siquiera coinciden con el informe pericial. No refirió a los gastos no justificados que están agregados al hecho específico”, afirmó Ramírez Montrull.
La decisión sobre el futuro de la causa quedó en manos de Budasoff, quien adelantó que informará con antelación cuándo dará a conocer su resolución. El juez deberá definir si el expediente avanza hacia el juicio oral, si regresa a la etapa de investigación o si corresponde que determinados planteos sean evaluados por otros magistrados.
Los gastos familiares y el rol atribuido a Cardona Herreros
Uno de los principales cuestionamientos de la defensa de Urribarri, encabezada por el abogado Miguel Ángel Cullen, estuvo relacionado con la atribución al exgobernador de gastos realizados por distintos integrantes de su familia. El letrado reclamó que se discriminen los consumos y que se le imputen únicamente las adquisiciones que le correspondan.
El fiscal Badano respondió que la acusación se apoya, entre otros elementos, en viajes y gastos que habrían sido pagados por Cardona Herreros o por la empresa Relevamientos Catastrales SA, contratista del Estado provincial por montos millonarios.
Según explicó, las facturas correspondientes a distintos viajes no estaban emitidas a nombre de la esposa o de los hijos del exgobernador, sino del empresario o de su firma. También mencionó planillas internas de la empresa en las que se registraban gastos asociados a las iniciales SDU, correspondientes a Sergio Daniel Urribarri.
Como ejemplos, el fiscal citó viajes de Bruno Urribarri y Natalia Gómez, un viaje de Bruno a Atenas en 2010 y otro a Natal, Brasil, en 2012, en el que habría participado el grupo familiar. También mencionó un viaje a Nueva York de Mateo, el hijo menor del exmandatario.
Badano sostuvo que, según la investigación, esos consumos se registraban en cuentas vinculadas a Urribarri dentro de la empresa y que no se aportaron elementos que acreditaran que los integrantes de la familia hubieran pagado los viajes con recursos propios.
La acusación también incluye gastos vinculados con un departamento ubicado en la calle Lafinur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquirido a nombre de Bruno Urribarri en 2005. El fiscal afirmó que el inmueble era utilizado por toda la familia y que en su remodelación habría intervenido José Alfonso Campitelli, empleado jerárquico de Relevamientos Catastrales, junto con la esposa del exgobernador.
Además, mencionó compras de mobiliario y otros elementos para el departamento cuyas facturas, según la Fiscalía, se emitieron a nombre de Cardona Herreros.
En ese contexto, Badano vinculó los hechos investigados con otra causa conocida como la causa Coimas, relacionada con presuntas irregularidades en contrataciones estatales. Ese expediente fue elevado a juicio y se encontraba en instancias de apelación, según lo expuesto durante la audiencia.
La Fiscalía defendió la figura de enriquecimiento ilícito
Otro de los ejes de la discusión fue el planteo de inconstitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito formulado por la defensa de Urribarri.
Badano sostuvo que la cuestión ya fue analizada por tribunales provinciales y nacionales y citó antecedentes judiciales vinculados con Domingo Daniel Rossi, María Julia Alsogaray, Mario Yedro y Raúl Taleb.
El fiscal argumentó que la figura penal contempla la obligación de justificar el incremento patrimonial cuestionado y señaló que, durante la investigación, Urribarri tuvo la posibilidad de ejercer su defensa y presentar explicaciones sobre su patrimonio.
“Esto ya fue discutido por la justicia en la Provincia y la Nación”, afirmó Badano, quien solicitó que también se rechace el planteo de inconstitucionalidad.
En relación con el estándar necesario para avanzar hacia un juicio, el representante del MPF aclaró que la Fiscalía no sostiene que exista una certeza definitiva sobre la responsabilidad penal de los imputados, sino que considera que hay elementos suficientes para que la acusación sea debatida en esa instancia.
“No tenemos un nivel de certeza sobre el enriquecimiento ilícito, pero sí hay mérito suficiente para llevar la causa a juicio, que se discuta, y ahí se valore si aceptan o no la teoría del caso de Fiscalía”, expresó.
La controversia por el informe contable
Ramírez Montrull, por su parte, cuestionó los argumentos de la defensa respecto de la pericia contable que sustenta la acusación. Sostuvo que el informe fue elaborado conforme al Código Procesal Penal, con intervención de una contadora del Ministerio Público Fiscal y de un contador de parte, quienes —según indicó— llegaron a conclusiones conjuntas.
El fiscal consideró que los cuestionamientos sobre la entidad del informe y la eventual necesidad de una nueva pericia fueron planteados fuera de la etapa procesal correspondiente.
También rechazó la afirmación de Cullen acerca de que los montos atribuidos en la imputación no coincidían con los resultados periciales. Según explicó, la defensa habría tomado como referencia un anexo relativo a la capacidad de ahorro, sin considerar los gastos no justificados incorporados al hecho investigado y resumidos en el Anexo J4.
“Si se suman las dos planillas, dan los montos exactos”, sostuvo Ramírez Montrull, quien aseguró que no existen diferencias entre las cifras imputadas y las consignadas en el informe.
El representante fiscal agregó que la investigación debió reconstruir operaciones que, según la hipótesis acusatoria, habrían utilizado facturaciones a nombre de terceros para ocultar el destino de determinados gastos y su vinculación con los imputados.
Por último, rechazó que exista una afectación del derecho de defensa o del principio de congruencia. Afirmó que los hechos, los montos y la metodología de cálculo están precisados y que las objeciones sobre la admisión de una nueva pericia deben tratarse en la etapa correspondiente.
La resolución de Budasoff será determinante para establecer cómo continúa el expediente y si la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Urribarri y Cardona Herreros queda en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.
FUENTE: El Entre Ríos / Análisis Digital
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