La Justicia rechazó la expulsión y el narco paraguayo seguirá detenido en Gualeguaychú
La Justicia Federal determinó que Jorge Darío Fernández Orué deberá continuar detenido en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Fue condenado a siete años y medio de prisión por integrar una organización que intentó trasladar cerca de 2.000 kilos de marihuana desde Misiones hacia Buenos Aires.
La Justicia Federal rechazó el pedido de expulsión del país presentado por la defensa de Jorge Darío Fernández Orué, un ciudadano paraguayo condenado por integrar una organización dedicada al transporte de marihuana y protagonista de uno de los procedimientos antidrogas más importantes detectados en Entre Ríos.
La resolución fue firmada por la titular de la Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, quien resolvió que el condenado deberá continuar cumpliendo su pena en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.
Fernández Orué fue condenado el pasado 9 de abril de 2025 a siete años y seis meses de prisión efectiva y al pago de una multa de 1.050.000 pesos tras ser hallado coautor del delito de transporte de estupefacientes. De acuerdo al cómputo oficial, su condena finalizará el 3 de enero de 2032.
Un cargamento récord
La causa tuvo como eje el intento de traslado de casi 2.000 kilos de marihuana desde la provincia de Misiones hacia Buenos Aires, en una operación que involucró a varios imputados.
Junto a Fernández Orué también fueron condenados Juan Antonio Lugo y Diego Espíndola, ambos oriundos de Chajarí, además del camionero Gastón Siandra, considerado una pieza clave en la maniobra de transporte.
La investigación permitió reconstruir la logística utilizada para movilizar una de las cargas de marihuana más voluminosas detectadas en territorio entrerriano.
El planteo de la defensa
La defensora pública oficial Noelia Quiroga solicitó que se iniciara el procedimiento de expulsión previsto en la Ley Nacional de Migraciones.
El argumento central fue que Fernández Orué posee residencia permanente en Argentina desde 2012 y que, al haber sido condenado por un delito doloso, correspondía cancelar su residencia y concretar su expulsión hacia Paraguay.
La defensa sostuvo que la normativa migratoria habilitaba esa medida sin necesidad de esperar el cumplimiento de una parte determinada de la pena.
La oposición de la Fiscalía
El Ministerio Público Fiscal, representado por José Ignacio Candioti, rechazó el planteo y sostuvo que la legislación vigente establece requisitos específicos para que un extranjero condenado pueda ser expulsado mientras cumple una pena de prisión.
Según la postura fiscal, la normativa exige que el condenado haya cumplido al menos la mitad de la pena impuesta antes de acceder al beneficio del extrañamiento.
Los argumentos de la jueza
Al analizar el caso, la jueza Berros coincidió con el criterio sostenido por la Fiscalía Federal y descartó la interpretación propuesta por la defensa.
La magistrada explicó que la expulsión de un condenado extranjero no depende únicamente de la cancelación de su residencia migratoria, sino también del cumplimiento de determinadas condiciones previstas por la legislación penal y migratoria.
En ese sentido, señaló que para concretar la expulsión mientras el condenado permanece privado de libertad deben cumplirse dos requisitos simultáneos: la cancelación formal de la residencia y el cumplimiento del plazo mínimo establecido por la ley.
Tras efectuar el análisis correspondiente, determinó que Fernández Orué recién podrá acceder a esa posibilidad el 3 de octubre de 2028, siempre que para entonces no existan otras causas judiciales pendientes que requieran su permanencia en territorio argentino.
Continuará detenido en Gualeguaychú
Con la resolución ya dictada, el ciudadano paraguayo continuará alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal.
Mientras tanto, la defensa también presentó un pedido para que el interno pueda asistir a una consulta odontológica programada en la ciudad de Gualeguaychú, solicitud que actualmente se encuentra bajo evaluación de la Fiscalía.
De esta manera, la Justicia Federal cerró por el momento cualquier posibilidad de expulsión anticipada para uno de los condenados por el transporte de un cargamento de marihuana que rozó las dos toneladas y que se convirtió en uno de los mayores procedimientos antidrogas registrados en la provincia.
FUENTE: Ahora
