Urribarri irá a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito: el juez rechazó los planteos de las defensas
El juez de Garantías Mariano Budasoff dispuso la remisión a juicio de la causa que tiene como imputados al exgobernador y al empresario paraguayo Diego Cardona Herreros. Rechazó los pedidos de nuevas pericias contables e informáticas y consideró que las discusiones sobre la evidencia deberán darse durante el debate. La defensa de Urribarri anticipó que apelará.

El juez de Garantías N.º 6, Mariano Budasoff, resolvió este jueves remitir a juicio oral la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputados al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. El magistrado rechazó los planteos de las defensas y consideró que la hipótesis de la Fiscalía, sustentada en una pericia contable y evidencia informática y documental, deberá discutirse en un debate oral.
La audiencia duró poco más de una hora. Durante la resolución, el juez repasó los planteos de los abogados José Velázquez, defensor de Cardona Herreros, y Miguel Ángel Cullen, representante de Urribarri, además de los argumentos expuestos por los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
Entre otros puntos, las defensas habían cuestionado la validez y el alcance de registros telefónicos, documentación digital y correos electrónicos, así como las conclusiones de la pericia contable. También habían solicitado nuevas intervenciones periciales, tanto informáticas como contables. Budasoff rechazó esos pedidos y sostuvo que las objeciones podrán ser planteadas durante el juicio.
Qué sostuvo el juez sobre la evidencia informática
En relación con los registros digitales y telefónicos cuestionados por la defensa de Cardona Herreros, Budasoff consideró que la evidencia es pertinente y guarda relación con el objeto de la investigación. Señaló que los medios electrónicos son aptos para almacenar información que puede ser utilizada como prueba.
El magistrado distinguió entre la pertinencia de los elementos y la discusión sobre su calidad o interpretación. En ese sentido, sostuvo que la posibilidad de que un registro tenga distintas explicaciones no justifica excluirlo, sino que abre una discusión que deberá desarrollarse durante el juicio.
También rechazó el pedido de una nueva pericia informática a cargo de profesionales del Superior Tribunal de Justicia. Consideró que la defensa no había demostrado alteraciones concretas en la cadena de custodia ni identificado indicios de manipulación de los registros. Además, cuestionó que los puntos propuestos no reunieran la precisión necesaria.
“La defensa conserva la posibilidad de examinar, contrainterrogar a testigos, constatar metadatos”, sostuvo el juez, al explicar que las partes podrán discutir la evidencia y sus interpretaciones durante el debate.
El rechazo a una nueva pericia contable
Budasoff también desestimó el pedido de una nueva pericia contable. La defensa de Urribarri había cuestionado las diferencias entre los montos expuestos por la Fiscalía y las conclusiones del informe contable, además de plantear que no se habían discriminado adecuadamente los gastos e ingresos de los distintos integrantes de la familia.
Entre los argumentos, Cullen había mencionado que no se habían incorporado todos los ingresos de Bruno Urribarri, hijo del exgobernador, por su actividad como futbolista, y había cuestionado la atribución de determinados registros empresariales identificados con las siglas SDU.
Al rechazar el planteo, el juez destacó que el informe fue elaborado por dos profesionales: uno del Ministerio Público Fiscal y otro de la defensa. Según señaló, ambos participaron del trabajo y arribaron a conclusiones compartidas.
“La posterior disconformidad con un trabajo en el que la defensa participó activamente no autoriza a realizarlo otra vez”, expresó.
El magistrado agregó que las diferencias entre los importes de una pericia y los montos de la acusación no permiten concluir, por sí solas, que existan errores de cálculo. También sostuvo que, si aparece nueva documentación sobre los ingresos de Bruno Urribarri, podrá incorporarse, aunque eso no implica necesariamente la realización de otro estudio contable.
Para Budasoff, las defensas tendrán la posibilidad de interrogar a los peritos, cuestionar la metodología utilizada y presentar sus propias interpretaciones durante el juicio.
Los montos reclamados por la Fiscalía
Con la remisión a juicio, la acusación pública deberá sostener en el debate la hipótesis de un incremento patrimonial que considera injustificado.
Para Urribarri, los fiscales solicitaron una pena de cinco años y diez meses de prisión, además de la devolución de los montos que consideran no justificados: más de 11,5 millones de pesos, más de 7 millones de dólares y 16.300 euros.
En el caso de Cardona Herreros, la Fiscalía pidió cinco años de prisión y el recupero de más de 8 millones de pesos, 7 millones de dólares y 14.100 euros.
La investigación se centra, entre otros aspectos, en la relación entre Urribarri y el empresario paraguayo, cuya firma Relevamientos Catastrales fue contratista del Estado entrerriano durante las gestiones del exgobernador. Según la hipótesis fiscal, el vínculo habría excedido la relación comercial y habría incluido beneficios personales y familiares para el exmandatario, presuntamente vinculados con contrataciones estatales.
La acusación sostiene que esos beneficios habrían sido financiados mediante maniobras relacionadas con contratos públicos. Esos señalamientos deberán ser debatidos y probados en el juicio oral.
La defensa de Urribarri apelará la resolución
Tras conocerse la decisión, el abogado Miguel Ángel Cullen adelantó que apelará la remisión a juicio. En un comunicado, cuestionó la metodología utilizada por la Fiscalía para establecer los montos atribuidos al exgobernador y sostuvo que las cifras difundidas no coinciden con las conclusiones del trabajo contable.
Cullen afirmó que los fiscales utilizaron un informe que consideró inconcluso y parcial, elaborado inicialmente sobre los ingresos y egresos de toda la familia, para luego atribuir determinados montos al patrimonio personal de Urribarri.
El defensor sostuvo que la contadora del Ministerio Público Fiscal, Romina Stepanic Puey, y el contador de la defensa habían acordado realizar un análisis patrimonial familiar, pero cuestionó que luego se avanzara sobre el patrimonio del exgobernador sin la participación de su parte.
También señaló que faltaba documentación para completar el estudio y recordó que la propia Fiscalía había solicitado en septiembre de 2022 un exhorto internacional para obtener información pendiente.
“No son millones de dólares como lo sostienen los señores fiscales”, afirmó Cullen, quien además cuestionó la utilización de correos internos de Relevamientos Catastrales y de documentación que, según su postura, no tendría respaldo formal suficiente.
Por último, insistió en que los gastos atribuidos a Urribarri y su familia no alcanzarían los montos planteados por la acusación y ratificó que recurrirá la resolución para intentar que se realicen nuevas pericias contables e informáticas.
Urribarri tiene otro juicio oral pendiente
El exgobernador se encuentra detenido en la Unidad Penal N.º 9 «El Potrero», de Gualeguaychú, donde cumple una condena de ocho años de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, dictada en el denominado megajuicio por corrupción.
Además de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que ahora fue remitida a debate, Urribarri tiene pendiente otro juicio oral, conocido como la causa de las «coimas», en el que también está imputado junto a Cardona Herreros. En ese expediente, la Fiscalía solicitó diez años de prisión para el exgobernador y nueve para el empresario.
La nueva resolución de Budasoff habilita el avance hacia el juicio oral por enriquecimiento ilícito, aunque la apelación anunciada por la defensa abre una nueva instancia de revisión judicial.
FUENTE: El Entre Ríos
























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