El Gobierno admitió que el costo del acuerdo con Teknofood será de 101.726.784.000 pesos casi 80 mil millones más que la inversión actual
La contratación con Teknofood puede alcanzar los $101.726 millones para 2026 y 2027, con un valor de $1.600 por ración. El dato cobra otra dimensión frente a los $22 millones que actualmente demanda la prestación y abre interrogantes sobre el costo del nuevo sistema.
El nuevo sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares de Entre Ríos quedó atrapado en una discusión que combina política educativa, administración de fondos públicos, control del gasto y una contratación que puede alcanzar una cifra millonaria.
En medio del conflicto entre el Gobierno provincial y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que recurrió a la Justicia para cuestionar el cambio en el mecanismo de provisión de insumos, comenzaron a conocerse datos sobre el funcionamiento del sistema que hasta ahora administraban directamente las escuelas.
El contraste más fuerte aparece al comparar los recursos que demanda actualmente la prestación con el nuevo esquema diseñado por el Poder Ejecutivo.
Mientras el costo actual de los comedores ronda los $22 millones, la contratación adjudicada a Teknofood SA para los ciclos lectivos 2026 y 2027 contempla un monto máximo de $101.726.784.000.
La diferencia es de una magnitud considerable y obliga a precisar qué componentes explican el incremento, qué prestaciones incorpora el nuevo sistema y cuál será finalmente el nivel de ejecución de esos recursos.
El dato requiere una aclaración: los $101.726 millones corresponden al importe máximo estimado de la contratación, por lo que no significa necesariamente que el Estado vaya a gastar esa suma en su totalidad. Sin embargo, se trata del techo económico establecido en la adjudicación y, por eso mismo, constituye una referencia central para analizar la dimensión del nuevo esquema.
Del presupuesto inicial a la adjudicación
La Licitación Pública Nº 02/26 fue instrumentada bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta y terminó con la adjudicación de la provisión a Teknofood SA.
El decreto de adjudicación Nº 1.983/2026 fijó el importe total general de la oferta adjudicada, calculado sobre las cantidades máximas estimadas para los ciclos 2026 y 2027, en $101.726.784.000.
Pero existe otro número que también merece atención. El decreto de llamado Nº 852/2026 había estimado inicialmente una inversión de $42.669.617.445.
Es decir que entre el monto estimado en el llamado y el importe máximo de la oferta adjudicada existe una diferencia de más de $59.000 millones.
El precio unitario adjudicado quedó establecido en $1.600 por ración. Si se toma el monto máximo de $101.726.784.000 y se lo divide por ese valor unitario, las cantidades máximas previstas para ambos ciclos lectivos alcanzan aproximadamente 63,6 millones de raciones.
La dimensión de la contratación vuelve relevante conocer no solamente el precio de cada ración, sino también cómo se proyectó la cantidad de prestaciones, qué componentes incluye el valor y bajo qué parámetros se calculó la demanda para los dos años.
El Gobierno quiere cambiar quién administra los fondos
El nuevo mecanismo implica una modificación sustancial respecto del esquema vigente.
Hasta ahora, los fondos son girados a las escuelas y son los equipos directivos quienes administran las compras destinadas al funcionamiento de los comedores.
El Gobierno pretende reemplazar ese sistema por una modalidad de compra centralizada a través de Teknofood SA.
La administración provincial sostiene que el nuevo esquema permitirá ajustar la provisión a la matrícula y a la asistencia efectiva de cada período, evitando compras excesivas o subejecuciones y buscando mayor flexibilidad y eficiencia en el gasto.
También plantea que de esta manera se garantizará la continuidad del servicio alimentario y que el Estado pagará únicamente por las prestaciones efectivamente requeridas.
Pero la implementación todavía no se concretó en los términos previstos por el Ejecutivo. El cambio fue judicializado por Agmer y existe una medida cautelar que impide, por el momento, avanzar con la aplicación del nuevo sistema.
Un gasto en Feliciano que encendió las alertas
En paralelo con esta discusión comenzaron a circular datos sobre cómo se utilizan actualmente los fondos destinados a los comedores escolares.
Uno de los casos que llamó la atención corresponde a la Escuela Técnica Nº 1 Juan Domingo Perón, de Feliciano, cuyo comedor atiende a 191 personas.
Según una planilla correspondiente a un gasto realizado el 22 de mayo, el comedor registró una compra en el autoservicio La Esperanza que incluyó botellas de vino tinto Valderrobles por un monto de $57.000.
El dato fue detectado en un control realizado por la Coordinación de Comedores de Feliciano este miércoles 12 de agosto.
El relevamiento determinó que el comedor había destinado el 79,05% de los fondos de la tarjeta Sidecreer a la compra de comestibles, mientras que el 20,94% correspondió a carnes.
El gasto mensual registrado al momento del relevamiento alcanzaba los $2.903.200, de los cuales $2.503.200 habían sido utilizados en el Minimercado La Esperanza, el mismo comercio donde aparece registrada la compra de las botellas de vino.
Sin embargo, el dato requiere una precisión importante: el Gobierno no informó que esa compra constituya por sí misma una irregularidad. Lo que hizo la Coordinación de Comedores fue solicitar a la persona responsable del establecimiento una nota aclaratoria específicamente por la "compra de vino".
Por lo tanto, será esa explicación la que permita conocer el motivo de la adquisición y determinar si existió algún error administrativo o una situación que requiera otro tipo de intervención.
El argumento oficial frente a los cuestionamientos
Estos casos forman parte del argumento que el Gobierno utiliza para defender la necesidad de modificar el sistema.
La administración provincial sostiene que centralizar las compras permitirá tener un mayor control sobre los recursos, adecuar las entregas a la cantidad real de alumnos y evitar tanto el exceso de compras como la subejecución de fondos.
Pero el nuevo esquema también genera una pregunta inevitable: si el objetivo es hacer más eficiente el gasto, ¿cómo se explica la diferencia entre los montos actualmente destinados a los comedores y la magnitud de la contratación proyectada para los próximos dos ciclos lectivos?
La respuesta no puede encontrarse únicamente en el precio unitario de $1.600 por ración. También resulta necesario conocer la cantidad de días de prestación, la evolución de la matrícula, las características de las raciones, la logística involucrada y todos los componentes incluidos dentro de ese valor.
Agmer llevó el conflicto a la Justicia
La discusión se desarrolla, además, en un contexto de fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y Agmer.
El principal sindicato docente de la provincia presentó un amparo colectivo para cuestionar la decisión oficial de modificar la modalidad de provisión de alimentos e insumos para los comedores.
La organización gremial cuestiona que los equipos directivos dejen de administrar directamente los recursos y que las compras pasen a concentrarse en una empresa contratada por el Estado.
Mientras la disputa continúa en los tribunales, la implementación del sistema permanece frenada por la medida cautelar vigente.
Esto significa que, por ahora, conviven dos realidades: por un lado, el Gobierno tiene adjudicada una contratación que puede alcanzar los $101.726 millones; por otro, el mecanismo que dio origen a esa contratación todavía no puede implementarse plenamente debido al proceso judicial.
Una contratación que exige más información
La magnitud económica de la operación explica también el pedido de acceso a la información pública presentado por el abogado Rubén Pagliotto, quien solicitó al Ministerio de Desarrollo Humano detalles sobre el procedimiento utilizado para seleccionar la oferta.
La cartera que conduce Verónica Berisso informó que el proceso se encuentra incorporado al Expediente R.U. Nº 3.277.091, compuesto por 1.263 fojas.
El Gobierno también señaló que la adjudicación se sustentó en criterios técnicos, económicos, financieros y nutricionales.
Precisamente por eso, se solicitó conocer los informes que respaldaron esas decisiones y, en particular, la documentación incorporada entre las fojas 1118 y 1137 del expediente.
La discusión, entonces, excede ampliamente una diferencia entre proveedores o una disputa política entre el Gobierno y el sindicato docente.
Hay una pregunta de fondo sobre cómo se gastan los recursos destinados a alimentar a los estudiantes de las escuelas públicas entrerrianas y sobre qué criterios se utilizan para decidir una contratación que puede alcanzar los $101.726 millones.
El caso de Feliciano muestra que el sistema vigente tampoco está exento de situaciones que deben ser explicadas y controladas. Pero justamente por eso, el nuevo esquema debería poder demostrar con números concretos que la centralización permitirá mejorar el control, garantizar una alimentación adecuada y utilizar mejor cada peso del Estado.
Por ahora, los números plantean más preguntas que respuestas.
El presupuesto inicialmente previsto para la licitación fue de $42.669 millones. La adjudicación contempla hasta $101.726 millones. El costo actual de la prestación ronda los $22 millones y el nuevo sistema establece un valor de $1.600 por ración.
En el medio están los comedores, las escuelas, los docentes, las familias y, fundamentalmente, los chicos que dependen de esa prestación.
Por eso, frente a una contratación de semejante magnitud, la discusión no debería limitarse a determinar si el sistema anterior funcionaba bien o mal.
La pregunta central es otra: por qué el nuevo modelo necesita comprometer hasta $101.726 millones y qué garantías existen de que ese salto de recursos se traduzca efectivamente en una mejor alimentación y en un uso más eficiente del dinero público.
FUENTE: El Entre Ríos / Entre Ríos Ahora
