La Fiscalía pidió citar a Bordet y sumar pruebas sobre operaciones inmobiliarias en Concordia
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro solicitaron incorporar un legajo investigado en Concordia que incluye escrituras, testimonios y documentación sobre compraventas de inmuebles realizadas por imputados de la causa. Entre los testigos propuestos figura el exgobernador Gustavo Bordet.

En una nueva audiencia de la etapa de remisión a juicio de la causa conocida como “Contratos Truchos” de la Legislatura entrerriana, los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro solicitaron incorporar un expediente iniciado en Concordia que reúne información sobre operaciones inmobiliarias vinculadas a dos de los imputados del proceso, Hugo Mena y Flavia Beckman.
Según expusieron los representantes del Ministerio Público Fiscal, el legajo se originó a partir de una denuncia presentada en julio de 2024 y contiene documentación, registros notariales, información fiscal y testimonios relacionados con la compra y venta de terrenos en la ciudad de Concordia entre los años 2009 y 2015.
La acusación considera que este material resulta relevante para demostrar vínculos entre distintos imputados y reconstruir el destino que habrían tenido parte de los fondos investigados en la causa principal. En ese marco, se incorporó como elemento central un correo electrónico atribuido a Gustavo Pérez, también imputado, en el que se menciona la participación de Flavia Beckman en una operación inmobiliaria.
Además de la documentación, la Fiscalía propuso citar como testigos a numerosos compradores de lotes que figuran en las escrituras analizadas. Entre ellos aparecen el exgobernador Gustavo Bordet, Andrea Francolini, José Alberto Fornasari, María Ana Galli, Luis Gini y otros adquirentes que participaron de distintas transacciones inmobiliarias durante el período investigado.
Los fiscales también solicitaron la incorporación de 29 escrituras de compraventa realizadas ante escribanas de Concordia, junto con planos, informes registrales y documentación catastral. Asimismo, se ofrecieron testimonios de funcionarios municipales y personal técnico que podrían aportar información sobre obras de infraestructura desarrolladas en los sectores donde se ubicaban los loteos.
La incorporación de esta prueba fue cuestionada por varios defensores. Argumentaron que los hechos investigados en Concordia no guardan relación directa con el objeto procesal de la causa de los contratos legislativos y señalaron que parte de esa información ya habría sido analizada en otros ámbitos judiciales. También sostuvieron que la utilización del material podría generar conflictos de competencia y eventuales planteos sobre doble persecución penal.
La jueza de Garantías Marina Barbagelata resolverá en una etapa posterior si admite o rechaza la incorporación de esta prueba al expediente principal.
La causa investiga un presunto desfalco al Estado provincial estimado en unos 53 millones de dólares mediante contratos legislativos irregulares celebrados entre 2008 y 2018. Actualmente permanecen 18 imputados a la espera de la definición sobre la elevación del expediente a juicio oral.
FUENTE: Análisis Digital




























