La Procuración se negó a informar cuánto destina a la Justicia Federal en Entre Ríos y reconoció seis fiscalías vacantes
Ante un pedido de acceso a la información pública, el Ministerio Público Fiscal aseguró que no puede discriminar el presupuesto destinado a las dependencias federales de la provincia. Sin embargo, sí aportó un detallado informe sobre la cantidad de causas penales y confirmó que seis fiscalías permanecen sin titulares, aunque recientemente se convocó a concurso para cubrir tres de ellas.
Un pedido de acceso a la información pública realizado por el semanario ANÁLISIS dejó al descubierto una situación que reaviva el debate sobre la transparencia en el funcionamiento de la Justicia Federal. La Procuración General de la Nación rechazó brindar información sobre el presupuesto asignado a las fiscalías y dependencias del Ministerio Público Fiscal en Entre Ríos durante el período 2023-2026, al sostener que esos recursos no se distribuyen por jurisdicción sino que forman parte del presupuesto general del organismo.
La respuesta fue emitida en el marco del expediente AIP N.º 792 y lleva la firma del secretario general de Administración, Esteban Ubieta, quien explicó que las fiscalías federales no cuentan con partidas presupuestarias propias, por lo que —según indicó— resulta imposible determinar cuánto dinero se destina específicamente al funcionamiento de las dependencias entrerrianas.
Desde el organismo aclararon que esa imposibilidad no implica una falta de financiamiento, sino que responde al esquema administrativo mediante el cual se ejecutan los gastos comunes del Ministerio Público Fiscal.
Información parcial
Aunque negó los datos presupuestarios, la Procuración sí respondió otros puntos del requerimiento y entregó información detallada sobre el funcionamiento de la Justicia Federal en Entre Ríos.
Entre los datos suministrados figura la cantidad de causas tramitadas entre 2020 y 2026, discriminadas por tipo de delito y estado procesal, además del estado de las vacantes existentes en la estructura del Ministerio Público Fiscal.
Esta situación fue señalada como una contradicción por el medio solicitante, ya que el organismo aseguró no poder identificar el gasto por jurisdicción, pero sí logró desagregar con precisión la actividad judicial desarrollada en la provincia.
Seis fiscalías continúan vacantes
La documentación remitida confirmó que actualmente existen seis cargos de fiscales federales sin cubrir en Entre Ríos.
Entre ellos se encuentran dos de los puestos de mayor relevancia institucional: la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, para los cuales todavía no fue convocado ningún concurso.
También permanecen vacantes las fiscalías federales de Paraná, Concordia y Victoria.
En tanto, la Fiscalía Federal de Gualeguaychú ya completó el proceso de concurso en marzo de 2024, cuando la Procuración elevó la terna correspondiente al Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, más de dos años después, el nombramiento definitivo continúa pendiente.
Nuevos concursos
Pese al escenario descripto, el mismo 8 de julio el procurador general interino, Eduardo Casal, firmó la Resolución PGN Nº 40/26 mediante la cual convocó al Concurso Nº 137 para cubrir tres de las vacantes existentes en Entre Ríos: las fiscalías federales de Paraná, Concordia y Victoria.
La convocatoria también incluye cargos en otras provincias y prevé que las inscripciones permanezcan abiertas hasta el 25 de septiembre, mientras que el sorteo del tribunal evaluador se realizará el 17 de diciembre.
Sin embargo, los cargos jerárquicos de Paraná y Concepción del Uruguay continúan sin proceso de selección abierto.
La actividad judicial
Los datos oficiales muestran además una evolución significativa de las investigaciones federales en la provincia.
El narcotráfico continúa siendo el delito con mayor volumen de expedientes y durante 2025 registró un fuerte incremento en las causas en trámite, que pasaron a 129, más del doble que en años anteriores.
También se observó un crecimiento sostenido de las investigaciones por lavado de activos, mientras que las causas por trata de personas se mantuvieron relativamente estables.
En contraste, los delitos de corrupción presentan cifras considerablemente menores, con apenas 87 causas acumuladas entre 2020 y 2025 en el ámbito federal entrerriano.
El debate sobre la transparencia
La Ley Nacional 27.275 establece que toda la información pública es, en principio, accesible y que las excepciones para restringirla deben interpretarse de manera restrictiva.
En este caso, la Procuración fundamentó la negativa en la imposibilidad administrativa de discriminar los gastos por jurisdicción, un argumento que podría ser objeto de reclamo administrativo o incluso de una acción judicial de amparo, tal como prevé la propia normativa.
El caso vuelve a poner en discusión la necesidad de contar con mayor información sobre los recursos destinados al funcionamiento de la Justicia Federal y sobre el impacto que las prolongadas vacantes de fiscales pueden tener en la investigación de delitos complejos en Entre Ríos.
FUENTE: Revista Análisis / Análisis Digital / El Entre Ríos
