Alertan por el avance de drogas de bajo costo y alto impacto en barrios entrerrianos
Desde organizaciones vinculadas a la salud mental advierten sobre el deterioro físico y social que generan sustancias adulteradas de rápida dependencia. También cuestionan la falta de recursos para aplicar plenamente la Ley de Salud Mental.
El crecimiento del consumo de sustancias de baja calidad y elevada toxicidad en distintos barrios de Entre Ríos encendió una señal de alarma entre organizaciones y espacios comunitarios que trabajan en acompañamiento territorial.
Aunque no existen estadísticas oficiales actualizadas, desde los Centros de Acompañamiento Comunitario y organizaciones vinculadas a la salud mental aseguran que se observa un deterioro cada vez más marcado en jóvenes atravesados por consumos problemáticos, especialmente en contextos de vulnerabilidad social y económica.
Sandra Cislaghi, referente de la Fundación Crescer e integrante de la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, describió un escenario complejo atravesado por el impacto sanitario de sustancias conocidas popularmente como “crack”, asociadas a derivados de cocaína de baja calidad y altamente adulterados.
Según explicó, estas drogas suelen estar mezcladas con distintos elementos tóxicos y generan efectos muy breves, lo que provoca consumos reiterados y compulsivos en períodos cortos de tiempo.
Además, señaló que el bajo costo de cada dosis facilita el acceso y acelera los procesos de dependencia, especialmente entre jóvenes de sectores populares.
Cislaghi sostuvo que esta problemática no sólo afecta la salud física y mental de quienes consumen, sino también los vínculos familiares y la convivencia comunitaria. En muchos casos, indicó, las familias terminan desbordadas por la situación y sin herramientas institucionales suficientes para intervenir.
En ese marco, también se refirió a los debates actuales sobre la Ley Nacional de Salud Mental, al cumplirse quince años de su sanción. La referente defendió el enfoque comunitario de la normativa, aunque reconoció dificultades en su implementación debido a la falta de presupuesto y a trabas burocráticas.
“La salud mental no puede abordarse únicamente desde el encierro o la medicalización, sino desde políticas integrales que contemplen las condiciones sociales y económicas”, remarcó.
Asimismo, advirtió sobre propuestas que buscan flexibilizar los criterios de internación y consideró que podrían representar un retroceso respecto al paradigma de derechos establecido por la legislación vigente.
Por último, vinculó el agravamiento de los consumos problemáticos con la crisis socioeconómica y la expansión de economías ilegales en sectores vulnerables, donde el narcomenudeo aparece en muchos casos como una salida laboral frente a la falta de oportunidades.
FUENTE: APFDigital
