Legisladores entrerrianos demandaron a Uruguay por la instalación de la planta de combustibles sintéticos
Presentaron una acción judicial preventiva contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA. Sostienen que no se cumplieron normas del Estatuto del Río Uruguay ni fallos internacionales, y advierten por posibles daños ambientales en ciudades ribereñas.
Los legisladores nacionales del peronismo Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay iniciaron una acción judicial preventiva contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por la instalación de una planta de combustibles sintéticos, al considerar que el proyecto podría generar daños ambientales irreparables en el río Uruguay.
La presentación fue realizada mediante una demanda ordinaria (Expediente 3276/2026) en la que solicitan que se adopten medidas para impedir o reducir el posible impacto ambiental, al entender que el emprendimiento no cumplió con los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay ni con la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de Justicia en el fallo del caso conocido como “Botnia-UPM”.
Según indicaron los legisladores, el proyecto existe desde 2017 en la República Oriental del Uruguay, pero hasta el momento no se habrían presentado los estudios ambientales ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, organismo binacional encargado de controlar las obras que puedan afectar el curso compartido.
En la demanda sostienen que Uruguay avanzó de manera unilateral otorgando permisos a la empresa sin que Argentina pudiera evaluar la documentación técnica correspondiente. Por ese motivo, plantean que el país vecino debería presentar los estudios, suspender el avance de la obra hasta que sean analizados y, en caso de incumplimiento, recurrir nuevamente al tribunal internacional.
El exdirector de Aduana Guillermo Michel cuestionó además la falta de acciones del gobierno provincial frente al tema.
“Ante esta inacción decidimos accionar judicialmente con una medida preventiva que permitirá impulsar estudios ambientales y medidas de prevención. Está demandado el Estado uruguayo y la empresa, y deberán dar explicaciones ante la justicia argentina”, afirmó.
En el escrito también se advierte que la falta de información oficial genera preocupación en las comunidades entrerrianas ubicadas sobre el río, especialmente en ciudades como Colón y otras localidades ribereñas que podrían verse afectadas por el funcionamiento de la planta.
Como parte de la presentación, los legisladores solicitaron que se realice una pericia ambiental y que se requiera información técnica sobre la empresa, proponiendo la intervención de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental u otros especialistas designados por la justicia, con el objetivo de determinar el posible impacto del proyecto antes de que continúe su ejecución.
FUENTE: Prensa Michel
