Piden condenar a pareja de Entre Ríos por ingresar e intentar adoptar ilegalmente a dos niñas
La Fiscalía Federal solicitó condenar a una pareja entrerriana acusada de facilitar la permanencia ilegal de dos niñas dominicanas para intentar adoptarlas. La causa expuso un complejo entramado de viajes, contactos internacionales y presuntas maniobras para evitar los procedimientos legales.
El pedido de condena contra una pareja entrerriana por ingresar e intentar adoptar ilegalmente a dos niñas de República Dominicana fue formulado por la Fiscalía Federal durante el juicio realizado en el Tribunal Oral Federal de Paraná.
El Ministerio Público Fiscal solicitó cinco años de prisión para los acusados, oriundos de Villa del Rosario, al considerar acreditado que facilitaron el ingreso y la permanencia ilegal en Argentina de dos hermanas dominicanas de 9 y 11 años con el objetivo de adoptarlas por fuera de los procedimientos legales.
La causa expuso una trama que incluyó viajes al exterior, contactos con intermediarios, transferencias de dinero y un ingreso clandestino al país desde Paraguay. Según la acusación, la pareja buscó sortear los mecanismos formales de adopción internacional y concretar por su cuenta la llegada de las niñas al territorio argentino.
El expediente se originó tras una denuncia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), organismo que intervino luego de detectar irregularidades en la situación migratoria de las menores y su permanencia en el país. A partir de esa intervención institucional se abrió la investigación judicial que derivó en el juicio oral.
Investigación judicial y origen de la causa
El caso comenzó a tomar forma judicial en enero de 2024, cuando directores de Protección Integral de Adolescentes del Copnaf realizaron una presentación ante la Fiscalía Federal de Concordia. El organismo había tomado conocimiento de la presencia de dos niñas dominicanas que habrían ingresado al país de forma irregular junto a su padre.
La situación surgió inicialmente en el marco de un expediente tramitado en el Juzgado de Familia de Chajarí. Allí, el defensor auxiliar interino del Departamento Federación informó que las menores se encontraban en territorio argentino pese a que su padre había sido expulsado del país en diciembre de 2023 por irregularidades migratorias.
Según la denuncia, las niñas habían quedado en Argentina al cuidado de una pareja de Villa del Rosario. Esta pareja contaba con un poder especial firmado por el padre de las menores que les otorgaba amplias facultades para realizar trámites vinculados a su vida cotidiana, entre ellos gestiones destinadas a obtener la ciudadanía argentina, publicó Análisis.
El recorrido que siguieron las niñas para llegar al país
Durante el juicio oral, el fiscal auxiliar Dardo Barreto reconstruyó cómo se habría desarrollado el plan para traer a las menores desde República Dominicana. Según explicó, el primer contacto surgió a partir de una persona que puso en comunicación a la pareja entrerriana con el padre de las niñas.
Ese vínculo derivó en un encuentro presencial en un resort turístico de Punta Cana, donde las partes se conocieron personalmente. A partir de allí comenzaron las gestiones que buscaban concretar el traslado de las niñas hacia Argentina.
En un primer momento, la pareja intentó utilizar mecanismos legales. Se presentaron cartas de invitación para que las menores viajaran al país, pero las solicitudes fueron rechazadas en dos oportunidades debido a que el progenitor no pudo demostrar solvencia económica suficiente.
El presunto ingreso clandestino desde Paraguay
Ante las negativas de las autoridades migratorias, la acusación sostuvo que los implicados decidieron recurrir a una estrategia ilegal para concretar el traslado. Según la investigación, el itinerario comenzó con un vuelo desde República Dominicana hacia Colombia.
Posteriormente, las niñas y su padre viajaron hacia Paraguay. Desde allí se habría organizado el ingreso irregular a Argentina mediante el cruce del río Paraná en una embarcación, en un paso no habilitado.
Una vez concretado el ingreso al país, la pareja habría trasladado a las niñas y al padre hasta Villa del Rosario. De acuerdo con la acusación fiscal, alquilaron una vivienda a pocas cuadras de su domicilio para que residiera el progenitor, mientras que las niñas pasaban la mayor parte del tiempo con ellos.
Pruebas migratorias y mensajes telefónicos
l Ministerio Público Fiscal presentó diversas pruebas para sostener la acusación. Entre ellas se incluyeron registros migratorios que mostraban movimientos reiterados de la pareja hacia Paraguay.
Según se expuso en el juicio, ambos cruzaron la frontera en varias oportunidades entre el 28 y el 30 de abril de 2022. La Fiscalía consideró que esos viajes estuvieron vinculados con la coordinación del ingreso irregular de las menores.
También se incorporaron pericias realizadas sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. En esos dispositivos se encontraron conversaciones de WhatsApp que, según la acusación, evidenciarían el conocimiento y la planificación del cruce ilegal.
Conversaciones que comprometieron a los acusados
Entre los mensajes citados por el fiscal Barreto durante el juicio se mencionó uno en el que la mujer acusada indicaba que estaba “esperando al pasador”, expresión que en contextos migratorios suele referirse a las personas que organizan cruces clandestinos.
Otro de los mensajes mencionados en la audiencia planteaba qué explicación deberían dar en caso de ser detenidos por personal de Gendarmería. La sugerencia, según la investigación, era afirmar que estaban “de paseo”.
Para la Fiscalía, esos intercambios reflejaban la existencia de un plan previamente organizado para ingresar al país a las niñas sin cumplir con los controles migratorios correspondientes.
Intentos de documentar a las menores
Durante el debate también se expusieron presuntas maniobras destinadas a regularizar la situación documental de las niñas en Argentina. Según la acusación, la pareja habría buscado distintas alternativas para obtener documentos para las menores.
El fiscal leyó mensajes en los que la mujer evaluaba realizar trámites en la Municipalidad de Mocoretá, en la provincia de Corrientes. Allí habría considerado declarar que las niñas eran originarias de Chaco o incluso presentarlas como “NN”, ocultando su nacionalidad dominicana.
Estas gestiones irregulares formaron parte de la acusación por facilitación de permanencia ilegal de extranjeros, delito que fue agravado por tratarse de menores de edad y por el supuesto aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las personas involucradas.
El rol de un intermediario en República Dominicana
La investigación también reveló la posible participación de un intermediario identificado como “Landy”. Según los testimonios recogidos durante el proceso, se trataría de un docente de la escuela a la que asistían las niñas.
En conversaciones recuperadas de los celulares se mencionó que este hombre habría ofrecido a turistas la posibilidad de adoptar niños o niñas en condiciones irregulares. Las menores lo mencionaban como “maestro Landy”.
La Fiscalía consideró que este contacto fue clave para establecer el vínculo entre la pareja entrerriana y el padre de las niñas.
El relato de una de las niñas
Durante la investigación se realizaron entrevistas a las menores a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. En ese contexto, una de las niñas relató cómo comenzaron los contactos.
Según el informe, contó que un maestro de su escuela le había dicho a su padre que una mujer quería conocerlas a ella y a su hermana. A partir de allí comenzaron conversaciones mediante videollamadas utilizando el teléfono del progenitor.
La niña explicó que tiempo después conocieron personalmente a la pareja durante una estadía en un hotel de la ciudad de Bávaro, en República Dominicana, donde pasaron varios días junto a otros familiares.
La propuesta de viajar a Argentina
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, durante ese encuentro la mujer entrerriana les propuso que podían irse a vivir a Argentina. Según el testimonio, expresó que quería adoptar “a dos mujeres de piel morena y poder ayudarlas”.
Posteriormente comenzaron los preparativos para el viaje. La niña recordó que primero volaron desde República Dominicana hacia Colombia y luego se trasladaron a Paraguay.
Allí, según su declaración, los esperaba la pareja entrerriana. Fue entonces cuando realizaron el cruce del río Paraná en una embarcación debido a que no contaban con la documentación necesaria para ingresar legalmente a Argentina.
Intervención judicial y medidas de protección
Tras conocerse la situación, el Copnaf dispuso medidas de protección para las menores. Con intervención del Juzgado de Familia de Chajarí, las niñas fueron alojadas provisoriamente en la Residencia San José de la localidad de Feliciano.
La resolución judicial también estableció la prohibición de contacto entre la pareja acusada y las niñas mientras se desarrollaba la investigación.
Paralelamente, la Dirección Nacional de Migraciones informó que el padre de las menores había sido expulsado del país en diciembre de 2023 y que tenía prohibido reingresar al territorio argentino por un período de cinco años.
Procesamiento judicial y avance de la causa
En agosto de 2024, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó a la pareja por el delito de facilitación de permanencia ilegal de extranjeros agravado.
En su resolución, sostuvo que entre 2019 y 2023 los acusados habrían colaborado con la obtención de documentos de viaje, enviando dinero a República Dominicana y organizando el traslado de las niñas hacia Argentina.
También señaló que, una vez concretado el cruce ilegal desde Paraguay, habrían trasladado a las menores en su vehículo hasta Villa del Rosario y posteriormente las habrían alojado en su domicilio.
La postura de la defensa
Durante el juicio, los abogados defensores Pablo Moyano Ilundain y Brenda Víttori solicitaron la absolución de la pareja. Argumentaron que la conducta de sus representados no encuadraba en el delito imputado por la Fiscalía.
Según plantearon, no se demostró que los acusados obtuvieran un beneficio directo o indirecto a partir de la llegada de las niñas. Afirmaron que su única intención fue brindarles un entorno familiar y mejorar sus condiciones de vida.
En ese sentido, describieron que las menores vivían en un contexto de extrema vulnerabilidad en República Dominicana, con dificultades vinculadas a la salud, la escolaridad y las condiciones de higiene.
Investigación paralela en República Dominicana
El caso también tiene repercusiones fuera de Argentina. La defensora pública oficial Gisela Cancellieri participó del juicio en representación del Ministerio Pupilar con el objetivo de informar posteriormente a las autoridades dominicanas.
La causa será comunicada al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), organismo que investiga la salida de las niñas de República Dominic
